Macrì no es la dictadura y no sólo porque haya sido electo según los mecanismos constitucionales y las autoridades se renueven cada dos años en comicios sin proscripciones. También porque funciona el sistema de contrapesos y controles entre poderes. Su coalición está en minoría en ambas cámaras del Congreso y sólo gobierna cinco de las 24 jurisdicciones subnacionales. Tres de los cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia ya estaban en funciones cuando asumió, igual que la Procuradora General de la Nación, y los sistemas supranacionales de protección de los Derechos Humanos están atentos a lo que ocurre en la Argentina. El jefe de gabinete de ministros exhibe un cumplimiento superior al de todos sus predecesores de su deber constitucional de concurrir todos los meses al Congreso para informar de la marcha del gobierno y producir los informes y explicaciones que cualquiera de las Cámaras solicite al Poder Ejecutivo. Las Universidades Nacionales se gobiernan por un sistema tripartito en el cual los tres claustros eligen por el voto a sus representantes. Las ONG ejercen su función de propuesta y control de políticas públicas. Es posible escribir artículos críticos como este sin que el medio que los publica sea clausurado. El derecho de asociación está garantizado, y las centrales y sindicatos de trabajadores son reconocidxs por el Estado. Además la vida cotidiana no está bajo el ojo censor de obispos y cardenales; la policía no decide sobre el largo de las faldas de las mujeres o el pelo de los varones ni hurga entre las sábanas de los hoteles a la caza de adúlterxs que son conducidxs en patrullero hasta su hogar, para ser devueltxs con escarnio al cónyuge engañado; tampoco está prohibido que los hombres circulen en bermudas y ojotas o que las parejas se besen en las plazas
pero... las excepciones al estado de derecho (...) se verifican con alarmante frecuencia
La
manipulación electoral quedó en evidencia en la carga de datos de las últimas
PASO, que hubiera sido más grave de regir el voto electrónico por el que se
desvive el gobierno. La dádiva, el ayuno y la amenaza se ejercen sobre los
gobernadores e intendentes de la oposición para que condicionen las posiciones
de los legisladores que les responden. El Poder Ejecutivo designó por decreto a
los dos nuevos jueces de la Corte Suprema, aunque debió retroceder por la
fuerte reacción que ello provocó y cumplir a medias con los procedimientos
regulares, y consiguió atraer a otros para contar con una mayoría confiable.
Desde que asumió, Macrì se entromete en el órgano independiente que la
Constitución creó en su artículo 120 y reclama a gritos la renuncia de su
titular Alejandra Gils Carbó. También sostiene que los jueces laborales que
fallan a favor de los trabajadores forman parte de una mafia conducida por el
diputado kirchnerista Héctor Recalde y anuncia que deberán irse y ser
reemplazados aquellos jueces que no comprendan el cambio de época. Como no
tiene los dos tercios necesarios para destituir a la Procuradora en juicio
político, ha recurrido al amistoso Colegio de Abogados de la City de Buenos
Aires, cuyos clientes son los CEOS de las grandes empresas hoy en el gobierno.
A través de una sus máscaras políticas, el Colegio pidió la
inconstitucionalidad de la ley del Ministerio Público que sólo admite el juicio
político como mecanismo de remoción. El Poder Ejecutivo se allanó a esa
pretensión, lo cual implica postular la inconstitucionalidad de sus propias
leyes, cosa que no tiene precedentes. Esa operación está en marcha y se
activará si Alejandra Gils Carbó es procesada por la compra de un edificio a
precio de mercado, por la que ella misma ordenó investigar a un empleado
infiel. Con la complicidad del presidente de la Corte Suprema, que demoró la
jura de un nuevo representante de la oposición, consiguió una transitoria
mayoría calificada en el Consejo de la Magistratura y la usó para suspender a un
juez que le molestaba, mientras amenaza a otros con el mismo trato. En acuerdo
con una fuerza de tareas judicial asentada en Comodoro Py, hostiga con una
profusión de causas de dudosa consistencia a la ex presidente, reservándose la
carta de una proscripción según sean las previsiones electorales. No sólo se
proponen condenarla por decisiones políticas, sino también por traición a la
Patria e incluso homicidio. Para ello la Gendarmería realizó un nuevo peritaje
sobre la muerte del fiscal Natalio A. Nisman. En mayo, antes de que se
iniciara, Clarín anunció que sus conclusiones dirían que el ahorrista en
dólares fue asesinado. Un post irónico dice que si siguen metiendo gente en el
baño, el peritaje podría decir que murió sofocado en el tumulto. Ante las decisiones
de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por
la detención arbitraria de Milagro Sala y la desaparición forzada de Santiago
Maldonado el gobierno reitera los gestos de acatamiento. Pero en la práctica la
líder de la organización Túpac Amaru sigue privada de su libertad en un régimen
que el juez Pablo Pullen Llermanos niega que sea de prisión domiciliaria, ya
que convirtió en cárcel una casa
https://www.pagina12.com.ar/64882-macri-y-la-dictadura
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